En un país con gobiernos señalados por la corrupción, donde las instituciones democráticas no paran de erosionarse, la decepción es un sentimiento generalizado. En tres meses, nuevas elecciones pondrán a prueba la transición institucional.

Era 2015 y sábado a sábado, durante seis largos meses, en Guatemala miles de personas se manifestaban indignados frente al palacio de gobierno. Exigían la renuncia de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, primero, y del presidente Otto Pérez Molina, después. Ambos estaban señalados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) como responsables de una compleja red de defraudación aduanera.

La CICIG, el mecanismo independiente de investigación criminal bajo el auspicio de la ONU, actuaba en apoyo a la fiscalía guatemalteca. En ese momento estaba liderada por el comisionado Iván Velásquez —que ulteriormente se convertiría en el ministro de defensa de Colombia— y tenía casi una década en el país. Bajo la gestión de Velásquez, la fiscalía guatemalteca y la CICIG habían estrechado y acelerado su cooperación. Eso permitió que el mandatario guatemalteco y su vicepresidenta llegaran a los tribunales.

Gobiernos señalados por corrupción

El de Pérez Molina, un general retirado firmante de los acuerdos de paz, no fue el único de los gobiernos guatemaltecos señalados de corrupción. Sobran rumores —así como notas de prensa— de mecanismos de corrupción cada vez más sofisticados. Desde el que se llevó incluso las lámparas del palacio de gobierno, pasando por el que huyó con sacos de dinero desde la casa presidencial antes de abordar un avión a un país de donde no pudiese ser extraditado, así como los que hicieron de la privatización de los servicios públicos un negocio para sí o el que inventó y utilizó mecanismos de asistencia social de manera clientelar, al mismo tiempo que desfalcaban el erario público.

Pero la CICIG y la fiscalía guatemalteca, más allá de anécdotas, presentaron pruebas. La renuncia del mandatario y su presencia en tribunales —el primer caso judicializado con éxito de la comisión— pretendía ser ejemplarizante para los ciudadanos, pero también para los funcionarios públicos: cualquier persona, sin importar su cargo, puede ser alcanzada por la ley.

El arresto y detención de Molina y Baldetti generó una explosión de civismo entre los ciudadanos. Estos acreditaban la caída del gobierno corrupto a la presión de las marchas populares alimentadas por las investigaciones fiscales .

Pero no todos estaban contentos con los resultados del experimento de la CICIG. El nuevo gobierno (2016-2020) se enfrentó con la comisión desde el inicio. Ello sucedió cuando Velásquez señaló al círculo familiar del presidente por actos inapropiados e ilegales durante la campaña. El enfrentamiento llevó a la expulsión de la comisión en 2019.

La ciudadanía guatemalteca, poco acostumbrada a la organización y lucha política, y quizá aún exhausta de la batalla contra Molina, a pesar de su apoyo moral a la comisión, esta vez no salió a defenderla.

Democracia: erosión lenta pero sin pausa

Una nota de la BBC sobre el cierre de operaciones de la comisión, recoge: «Hoy, la sociedad guatemalteca está en una encrucijada: retroceder y someterse al predominio de estos cuerpos ilegales o continuar con la desarticulación de estas redes y apoyar a fiscales y jueces independientes y articular una coalición alternativa que renueve la democracia e impulse un sistema de justicia fuerte e independiente» (BBC Mundo, 2019).

La erosión de las instituciones democráticas en Guatemala ha sido lenta, pero sucede sin pausa. Las y los guatemaltecos observan indolentes un Estado y un régimen democrático de los que aceptan un rendimiento mínimo.

Por ejemplo, la economía de Guatemala es la más grande relativamente entre sus pares de la región centroamericana (Banco Mundial, 2022), pero tiene la segunda tasa de incidencia de pobreza y uno de los menores índices de desarrollo humano del continente, solo después de Haití y Honduras (PNUD, 2021).