Por: Ana Rivas Tardivo

El Paraguay viene transitando desde hace un buen tiempo por un puente colgante donde todo es inestable. Las bases del sistema institucional han sido puestas en tela de juicio. La democracia, que hasta ahora se daba por sentada, está en duda.

El Paraguay intenta despabilarse luego de un resultado inesperado. La rotunda victoria del oficialista Partido Colorado en las elecciones presidenciales, y su amplia mayoría en las cámaras del Legislativo, ha propinado una bofetada a todas las estimaciones.

Para los colorados, el terminante apoyo electoral del 43 % a Santiago Peña, abanderado del expresidente Horacio Cartes, fue una sorpresa. Para la oposición, agrupada en una coalición liderada por el Partido Liberal, fue la concreción de una pesadilla. Apenas alcanzó un 27 %.

El aspecto más resaltable de estas elecciones generales fue el salto de un factor antisistema, el movimiento Cruzada Nacional, liderado por Paraguayo Cubas, autodenominado anarquista, que dividió a la oposición. Su principal herramienta fue la violencia como arma política y con un discurso incendiario logró el 23 % de los votos.

La alternativa imposible

El esfuerzo opositor de cara a la elección no había sido menor. La dupla entre Efraín Alegre, como candidato a presidente por el PLRA, y Soledad Núñez como independiente candidata a vicepresidenta, llevó meses de negociaciones, búsqueda de consensos e intentos de unión desde la derecha moderada hasta izquierda convencida.

Se trató de dar una nueva oportunidad a la alternancia que, desde 1989 con la caída del movimiento de Alfredo Stroessner, sólo se logró una vez, cuando ganó el ex obispo católico de izquierdas, Fernando Lugo. Y fue precisamente Lugo quien, debido a su deteriorada condición de salud, desapareció del panorama político justo antes de dejar cerrados los acuerdos que hubieran podido torcer, al menos en parte, los adversos resultados opositores.

Ante la duda, el pueblo paraguayo eligió ratificar a un Partido Colorado cargado de acusaciones de corrupción, prebendarismo, clientelismo, vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Pero, ¿por qué una mayoría aplastante en apoyo a semejante modelo? Los motivos son complejos y no van a desaparecer sólo porque los oficialistas consiguieron cinco años más al frente del poder. Trataremos de dar un pantallazo a las causas de un fenómeno casi inexplicable.

El puente colgante de Paraguay

El Paraguay viene transitando desde hace un buen tiempo por un puente colgante donde todo es inestable y todo puede bambolearse. Es una especie de punto de quiebre, de transición, donde todos los estamentos han sido puestos en tela de juicio y donde aquello que hasta ahora se daba por sentado, está en duda.

Uno de los debilitados hilos tensores de este puente colgante es el recambio etario. Están en retirada los liderazgos que surgieron después de la crisis de marzo de 1999, cuando el país superó la amenaza del autoritarismo al anular al exgeneral Lino César Oviedo y sus pretensiones presidenciales. Luego de treinta años, el modelo de gobierno surgido de aquella crisis está en franca decadencia, con sus códigos pasados de moda y con la lenta desaparición de sus figuras emblemáticas.

La lucha contra el stronismo y los regímenes autoritarios ya son cosas lejanas, historia antigua para un electorado joven que sólo ha vivido los años de la democracia y que cree, erróneamente, que las dictaduras son un fantasma del pasado.

Narcopolítica y crimen

El otro hilo tensor —esta vez muy sólido— es la incursión de la narcopolítica y el crimen organizado en los niveles de toma de decisiones. Es decir, en los estamentos de gobierno. El megaoperativo internacional denominado A ultranza, organizado para desmantelar un poderoso cártel que se dedicaba a enviar grandes volúmenes de cocaína a Europa, evidenció la protección política y la incursión de los narcos en el Parlamento.

Un diputado fue acusado y permanece preso por ser parte del esquema, mientras un segundo legislador, que acaba de resultar electo senador, sigue en la impunidad a pesar de las evidencias en su contra, gracias a la protección política de la ex fiscal general. Esta es acusada de tener vínculos con el sector al que pertenece el parlamentario: el de Horacio Cartes.