Gracias al trabajo de diversas organizaciones, se ha alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para abrir 8 compuertas de aguas pluviales y 24 ventanas, con el objetivo de facilitar el libre paso de especies que fueron perjudicadas por la construcción de la valla fronteriza.

Activistas y nueve gobiernos estatales en Estados Unidos han alcanzado un acuerdo judicial con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para abordar el daño ecológico provocado por el muro fronterizo construido durante la administración de Donald Trump. Este muro ha afectado corredores biológicos de especies en peligro de extinción y ha interrumpido los cauces naturales de ríos y arroyos.

Tras tres años de litigio, el DHS se ha comprometido a devolver más de 427 millones de dólares a los estados demandantes: California, Colorado, Hawái, Maryland, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Virginia y Wisconsin. Además, destinará 25 millones de dólares a California para que los ambientalistas puedan adquirir 485 hectáreas de tierras cercanas a la línea fronteriza y 1.1 millones de dólares para financiar programas de monitoreo de especies silvestres en riesgo, como el venado bura, el berrendo sonorense, el lobo mexicano y el jaguar.

Erick Meza, coordinador de zonas fronterizas de Sierra Club, destacó que, gracias a este acuerdo, se abrirán 24 «ventanas» de distintos tamaños para permitir el libre tránsito de los animales, y el compromiso por escrito de no construir más muro. También se instalarán ocho compuertas de aguas pluviales a lo largo de la frontera México-Estados Unidos.

Aunque se celebra este logro legal, Laiken Jordahl, campañista del Centro para la Diversidad Biológica, señala que gran parte del daño causado por el muro fronterizo nunca podrá repararse.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos estatales, incluyendo California y Nuevo México, han tenido éxito después de tres años de litigios ante tribunales al llegar a un acuerdo judicial con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para abordar el daño ambiental causado por el muro fronterizo construido por Donald Trump.

Este muro ha dejado una marcada cicatriz en la frontera entre Estados Unidos y México, dividiendo los corredores biológicos de especies en peligro de extinción y cortando los cauces naturales de ríos y arroyos.

Según la resolución de 65 páginas, el DHS ha aceptado devolver más de 427 millones de dólares de fondos militares a los estados demandantes, que incluyen California, Colorado, Hawái, Maryland, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Virginia y Wisconsin.

Adicionalmente, se destinarán 25 millones de dólares a California para que los ambientalistas puedan adquirir 485 hectáreas de tierras cercanas a la línea fronteriza, y 1.1 millones de dólares para financiar programas de monitoreo de especies silvestres en grave peligro, como el venado bura, el berrendo sonorense, el lobo mexicano y el jaguar.

En una entrevista con Excélsior, Erick Meza, coordinador de zonas fronterizas de Sierra Club, resaltó que gracias al acuerdo legal, se abrirán 20 pasajes pequeños y cuatro de gran tamaño a lo largo del muro en California, Arizona, Nuevo México y Texas, con el propósito de permitir el libre tránsito de los animales. Además, se ha comprometido por escrito a no construir más tramos de esta barrera de acero y concreto a lo largo de la frontera.

Estas «ventanas» en el muro construido por la administración Trump tendrán diferentes tamaños, desde apenas 21.59 por 27.94 centímetros para facilitar el paso de especies muy pequeñas, hasta medidas más grandes, como 2.13 por 1.5 metros y en un caso específico, 2.13 por 5.4 metros, para que animales como el berrendo sonorense, el venado bura, el jaguar, el oso negro, el bisonte y el lobo mexicano, entre otros, puedan migrar libremente.

Además, de manera permanente, se abrirán ocho compuertas de aguas pluviales en el Monumento Nacional Organ Pipe en Arizona, que colinda con la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar en Sonora, así como en el Área de Conservación Ribereña San Pedro y el Refugio Nacional de Vida Silvestre de San Bernardino, que también se encuentran en los límites entre Arizona y Sonora, donde se encuentra el Área de Protección de Flora y Fauna Ajos-Bavispe del lado de México.

Como parte de las labores de restauración, el Departamento de Seguridad Nacional ha accedido a cerrar y desmantelar todos los pozos de agua en tierras federales que fueron excavados para la construcción del muro y que ya no son necesarios para su funcionamiento y mantenimiento.

Erick Meza enfatizó que en el caso del icónico oasis de Quitobaquito, un lugar sagrado para los miembros de la Nación Tohono O’odham tanto de Estados Unidos como de México, no se eliminará el tramo del muro, pero se abrirá un paso más adelante, cerca de un arroyo que sirve como fuente de agua para la vida silvestre.

El acuerdo alcanzado con el Departamento de Seguridad Nacional, gracias a los esfuerzos de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur y Sierra Club, incluye también la disposición de llevar a cabo consultas periódicas con representantes de tribus indígenas para implementar medidas de restauración frente a los impactos culturales.

El muro, ordenado por Donald Trump y que alcanzó una altura de nueve metros, dejó atrapado el oasis de Quitobaquito en el lado de Arizona, junto con tumbas ancestrales Tohono O’odham y lugares religiosos, ubicados entre las ciudades de Lukeville, Arizona, y Sonoyta, Sonora, en la frontera por donde transcurre la carretera federal 2.

Aunque se considera que el acuerdo de conciliación es una gran victoria para la vida silvestre y las comunidades fronterizas, Laiken Jordahl, campañista del Centro para la Diversidad Biológica, mencionó que la lucha continúa.

(Fuente: Excélsior)