El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, explicó que una semana después de iniciar el proceso penal que condujo a la extradición del exgobernador César D. J., la Fiscalía solicitó al gobierno de Estados Unidos aplicar el Principio de Excepción a otras 17 carpetas de investigación relacionadas con causas penales.

Al dar a conocer la situación jurídica del acusado, el Fiscal enfatizó que todos los procedimientos se llevan a cabo con estricta adherencia a la ley, respetando los derechos individuales y humanos, y garantizando que la defensa tenga oportunidad suficiente para presentar sus argumentos.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, señaló que serán los jueces quienes determinarán si se vincula o no a proceso por este nuevo asunto, y que la formulación de imputación se completará el mismo día.

Detalló que el pasado martes se ejecutó una orden de aprehensión por el delito de peculado relacionado con la empresa Kepler, que emitió facturas por 120 millones de pesos por servicios no realizados al Gobierno del Estado, a través de transferencias bancarias.

Explicó que el Principio de Excepción, contemplado en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos, establece que una persona extraditada solo puede ser juzgada en su país de origen por el delito que generó la extradición, a menos que el gobierno de Estados Unidos, por solicitud del Gobierno correspondiente, permita que se aplique este principio a otros procesos penales.

Después de que el Gobierno estadounidense dio su consentimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y esta a su vez a la Fiscalía General de la República, para iniciar el proceso relacionado con el caso Kepler, se notificó la orden de aprehensión otorgada por un juez desde 2018.

Añadió que esta orden fue cumplida siguiendo procedimientos legales por parte de la defensa del exgobernador, validándose su legalidad en el ámbito local y federal.

En este momento, se está llevando a cabo el proceso de formulación de imputación, respetando los términos constitucionales, para determinar la situación jurídica del acusado y establecer medidas cautelares correspondientes.