La Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua (SFP) organizó la Segunda Asamblea Ordinaria de la Región Noroeste de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F). En esta reunión, se compartieron experiencias y conocimientos con el objetivo de fortalecer los controles y la supervisión de los fondos públicos, así como de los Órganos Estatales de Control.

La titular de la SFP y anfitriona, María de los Ángeles Álvarez Hurtado, subrayó el compromiso de la CPCE-F con la ciudadanía y el pueblo, conforme al artículo 39 de la Constitución. Destacó el interés de la Comisión en construir un país mejor.

María Guadalupe Ramírez Zepeda, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa y coordinadora regional de la CPCE-F, enfatizó la necesidad de trabajar en colaboración entre todas las entidades federativas para cumplir con el Plan Anual de Trabajo.

Rosa Cristina Buendía Soto, contralora General del Estado de Baja California Sur y coordinadora Nacional Suplente «B», mencionó que la CPCE-F ha impulsado proyectos que promueven la transparencia y la rendición de cuentas.

Eduardo Gurza Curiel, coordinador general de Fiscalización de la SFP y presidente Suplente de la CPCE-F, subrayó la importancia de que los sistemas de control interno garanticen que lo público funcione.

En la Asamblea participaron representantes de la región Noroeste, que incluye a los estados de Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Baja California y Sonora, así como los titulares de los Órganos Estatales de Control de esas entidades.

María Eugenia Enríquez Reyes, secretaria de la Contraloría del Estado de Campeche y comisaria de la CPCE-F, presentó un informe financiero de la Comisión.

Durante la Asamblea, cada representante compartió los avances de sus proyectos basados en el Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Contralores para su aprobación.

Además, se llevaron a cabo dos conferencias: una sobre el nuevo enfoque del control interno y otra sobre el fenómeno de la corrupción.

La SFP de Chihuahua colabora con otros Órganos Estatales de Control para proponer esquemas de fiscalización de los recursos públicos y prevenir y sancionar actos de corrupción.