El gobierno mexicano tomó el control total de Exportadora de Sal SA, adquiriendo el 49 por ciento restante de la participación de la empresa Mitsubishi por 1,500 millones de pesos (alrededor de 87.6 millones de dólares). Con sede en Guerrero Negro, Baja California Sur, esta empresa, también conocida como ESSA, ya era propiedad estatal en un 51 por ciento.

El financiamiento para esta adquisición provino en su mayoría del Fideicomiso de Fomento Minero, que cubrió el 75 por ciento, mientras que el 25 por ciento restante fue proporcionado por el Servicio Geológico Mexicano, según un comunicado emitido por la Secretaría de Economía el sábado 24 de febrero.

Esta acción forma parte de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para resguardar los recursos nacionales, llevando muchos de ellos bajo el control estatal. Su gobierno ha cuestionado el enfoque «neoliberal» de la administración anterior que abrió industrias nacionalizadas como el petróleo a la inversión privada.

ESSA, que es propietaria de la mina de sal más grande del mundo y uno de los principales productores de América Latina junto con Chile, tiene una producción anual de más de 8 millones de toneladas. Según la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, la propiedad estatal garantizará la estabilidad laboral de los trabajadores de ESSA y sus derechos laborales, asegurando su compromiso continuo «por el futuro de México».

Buenrostro también destacó la importancia estratégica de la sal en diversas industrias como la farmacéutica, textil, química, petroquímica y construcción, lo que la convierte en un recurso fundamental en la nueva política industrial del país.

Subrayó que ESSA no solo es una empresa, sino también una comunidad, y que su gestión honesta y responsable impulsará la economía local para el beneficio de la población de Guerrero Negro, en Mulegé, Baja California Sur, y los municipios cercanos, promoviendo un crecimiento económico sostenible y equitativo.