En el Congreso del Estado, se ha presentado una propuesta de reforma a la Ley Estatal de Salud para penalizar el uso del asbesto. La iniciativa busca proteger la vida, la salud y el ambiente de las personas ante los riesgos conocidos por la exposición a este material peligroso.

El asbesto ha sido prohibido en muchos países por causar enfermedades graves como cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis, aunque todavía se usa en algunas naciones. Las fibras de asbesto, al inhalarse, pueden quedar atrapadas en los pulmones y otros tejidos, provocando inflamación y cicatrización que pueden llevar a enfermedades mortales.

Además, las fibras de asbesto pueden persistir en el medio ambiente durante décadas, contaminando suelo y agua. Su extracción, procesamiento y eliminación inadecuada pueden liberar fibras peligrosas al aire, afectando tanto a los trabajadores como a las comunidades cercanas y al ecosistema.

La propuesta busca imponer sanciones severas a quienes introduzcan, importen, exporten, almacenen, mezclen, comercialicen, fabriquen, formulen, distribuyan, suministren y usen materiales y productos que contengan asbesto. Estas sanciones incluirían multas significativas y penas de prisión.

Muchos países, como los de la Unión Europea, Australia, Japón y Corea del Sur, ya han prohibido el asbesto, demostrando que es posible y necesario tomar medidas legislativas para proteger la salud pública. Las sanciones penales servirían como un disuasivo efectivo, asegurando que las empresas e individuos eviten el uso del asbesto y adopten alternativas más seguras.

Además de las medidas legales, es esencial educar y concienciar a la población y a las empresas sobre los peligros del asbesto y las alternativas disponibles, reduciendo así la demanda de productos que lo contienen y fomentando prácticas seguras y sostenibles.

La penalización del uso del asbesto es una medida urgente y necesaria para proteger la salud pública y el medio ambiente, asegurando un futuro más seguro y saludable para todos.