La reciente detención de Ismael «El Mayo» Zambada en Estados Unidos ha generado una gran reacción e interés en México. El narcotráfico y los grupos criminales son temas de gran relevancia, y entender su evolución implica reconocer los equilibrios históricos que han configurado esta problemática.

Es evidente que la historia del narcotráfico en México es también la historia de los fallos y contradicciones del sistema que lo permitió. Por eso, no solo se debe criticar al narcotráfico, sino también cuestionar cómo las decisiones gubernamentales han influido en esta dinámica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado repetidamente a gobiernos anteriores, especialmente el de Felipe Calderón, por su manejo de los grupos criminales. Sin embargo, el gobierno actual también enfrenta señalamientos de posibles vínculos con el narcotráfico. Existen investigaciones que sugieren una posible financiación del movimiento de izquierda que representa el presidente, así como liberaciones de criminales en operativos de inteligencia.

Durante el pasado proceso electoral, se evidenció la influencia del crimen organizado en la toma de decisiones y la asignación de cargos políticos. Diversos análisis sugieren que estamos viviendo la peor fase del «narcoestado», con el crimen operando con una libertad e impunidad sin precedentes.

La captura de El Mayo Zambada en Estados Unidos, un líder histórico del Cártel de Sinaloa, resalta la diferencia en la lucha contra el narcotráfico entre ambos países. Algunos afirman que esta detención fortalece la imagen del presidente López Obrador como combatiente del narcotráfico, aunque también se especula sobre un posible acuerdo de entrega.

En el contexto político estadounidense, Joe Biden, enfrentando fuertes críticas de su competencia, busca mostrar resultados contundentes en la lucha contra el narcotráfico. Esto, combinado con la renuncia de Biden a la posibilidad de reelegirse, resalta la necesidad de una postura firme contra el narcotráfico.

La detención de El Mayo puede alterar el equilibrio de poder dentro del cártel y en el país, permitiendo a Los Chapitos consolidar su influencia. Sin un fortalecimiento real de las instituciones de seguridad en México, con policías capacitadas y un verdadero compromiso del gobierno federal, la problemática continuará. Es una competencia constitucional, pero sobre todo, un reclamo social urgente en todo el país.