
El Congreso de Aguascalientes, con mayoría del PAN, aprobó este miércoles reformas al Código Penal que reducen el plazo para la interrupción legal del embarazo de 12 a 6 semanas de gestación. Esta decisión contraviene la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el año pasado había requerido despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas.
El 30 de agosto, el Congreso local debía haber aprobado una reforma que despenalizara el aborto voluntario durante el primer trimestre de gestación, en línea con una lucha de 35 años de colectivas feministas. Sin embargo, la LXV Legislatura de Aguascalientes, en una sesión extraordinaria y casi al final de su mandato, aprobó dos dictámenes que limitan los derechos reproductivos y sexuales.
Las reformas aprobadas modifican los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código Penal para definir el aborto y establecer penalidades, reduciendo el plazo legal para la interrupción a 6 semanas. Estas reformas fueron propuestas por 20 de los 27 legisladores, incluyendo miembros de PAN, PRI, PRD, Morena y PVEM.
Además, el Congreso aprobó la Ley de Protección a la Vida, propuesta por la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, que complementa la restricción en el Código Penal.
La SCJN había invalidado en octubre de 2022 una norma similar en Aguascalientes que «protegía la vida desde la concepción hasta la muerte natural», al considerar que impedía el derecho a la autonomía reproductiva y salud de mujeres y personas gestantes. En septiembre de 2021, la SCJN ya había declarado que tal norma es inconstitucional en Sinaloa, estableciendo un precedente para otras legislaturas.
A pesar de la resolución de la SCJN, la gobernadora Tere Jiménez expresó su postura en contra del aborto, afirmando que el gobierno estatal se mantiene provida y no obligará a los médicos a realizar abortos, independientemente de las decisiones judiciales.
